D - Las tres instituciones clave de la nobleza hispanoamericana: encomiendas, cabildos, mayorazgos

Tres instituciones desempeñan un papel capital en la consolidación de la élite americana: las encomiendas, de carácter preponderantemente rural y para-feudal; los cabildos, que se transformarán en órganos representativos de las aristocracias urbanas en formación; y los mayorazgos, que permitirán conservar los patrimonios familiares indivisos a través de muchas generaciones.

14. La encomienda: su doble finalidad espiritual-temporal

Como se vio, entre los poderes conferidos al conquistador —y más tarde a las autoridades que le sucedieron— figuraba la facultad de conceder encomiendas de indios. Fue ésta una institución notable por su originalidad, de carácter al mismo tiempo espiritual y temporal, y que desempeñó en América un extraordinario papel civilizador.

La encomienda había surgido en el Medioevo español, con un triple propósito: premiar a guerreros cristianos por hechos de armas, encomendarles el cuidado y la evangelización de las poblaciones musulmanas en territorios reconquistados, y atender a las necesidades de repoblación de éstos [43]. Para el otorgamiento de encomiendas, la Corona daba preferencia a los hidalgos.

En Hispanoamérica fue recreada —con algunas alteraciones de fondo, que limitaron su alcance— para atender simultáneamente a tres prioridades de la Corona:

a) evangelizar y civilizar sus nuevos vasallos;

b) dar impulso a la producción agropecuaria, para lo cual era indispensable poder contar con mano de obra aborigen;

c) satisfacer legítimos anhelos de recompensa, manifestados por súbditos que habían expuesto sus personas, sus familias y sus bienes en actos de verdadero heroísmo durante los épicos lances de la Conquista.

En su versión americana, la encomienda al principio consistió en asignar cierto número de indios —a veces parcialidades o tribus enteras— para prestar servicio de trabajo personal en tierras del encomendero. Dicho servicio substituía el pago de tributos a la Corona. Las modalidades del mismo, sus turnos, horarios, etc., eran acordados con el respectivo curaca, cacique o jefe indígena, quien conservaba las facultades de gobierno sobre los suyos. En retribución, el titular de esa merced se obligaba a promover la evangelización y civilización de los indios que le fueran encomendados, así como a mantener armas y caballos para la defensa de las tierras de éstos y para las necesidades militares de su provincia [44]. La negligencia en proveer a la enseñanza religiosa de los encomendados determinaba diversas sanciones, como la obligación de restituir los tributos a los indios, o hasta la confiscación de la respectiva merced [45].

A poco más de dos décadas de implantada en América, la encomienda sufre una fundamental alteración: en 1536, buscando remediar abusos a que el sistema de servicio personal había dado lugar en Centroamérica, se decide abolirlo y substituirlo por la cesión al encomendero de tributos que los naturales debían pagar al rey. No obstante, en muchas partes se postergó la aplicación de esa norma, con la anuencia de las autoridades, por no permitirlo las condiciones locales. El sistema anterior pervivió sobre todo en zonas donde los aborígenes locales integraban “pueblos de rudimentario desarrollo social y cultural. (...)Así, en regiones como Nuevo León, Popayán, Venezuela, Tucumán, Paraguay y Chile subsistió la encomienda de servicio personal” [46].

El otorgamiento de cada encomienda a su titular se formalizaba por un contrato que recuerda el íntimo vínculo pactado entre señor y vasallo en el régimen feudal. El acto lo realizaban ceremonialmente el encomendero y sus vasallos indios en presencia del representante de la Corona; su carácter oficial y solemne propendía a reforzar la obligación de ambas partes a cumplir fielmente lo pactado [47].

El acierto de la Corona en implantar este sistema, así como los indudables beneficios del mismo, pese a los abusos a que estuvo sujeto —por ejemplo, su eficacia evangelizadora y civilizadora, su adecuación al nivel sociocultural de las poblaciones aborígenes en la época—, han sido reiteradamente resaltadas por historiadores imparciales, y no son materia de estas notas, que se ciñen a mostrar el papel de la encomienda como soporte de la aristocracia en formación.

En tal sentido, es fácil notar cómo en aquella naciente sociedad el conjunto de poderes y privilegios que sus jefes detentaban —y la encomienda era entonces uno de los más difundidos [48]— equivalía a un señorío de facto, cuyo ejercicio, en condiciones de autonomía evidentemente favorecidas por la distancia de la metrópoli, confería lo que con propiedad se ha denominado nobleza tácita [49]. El extraordinario papel civilizador de la encomienda queda además puesto en evidencia al considerar que la mayoría de las parroquias y poblaciones del hinterland hispanoamericano nacieron de ellas. En efecto, para cumplir su misión catequética los encomenderos debían proveer uno o más misioneros; éstos establecían una doctrina (capilla con escuela), promovían el paulatino agrupamiento de los aborígenes a su alrededor, y les enseñaban las costumbres cristianas y civilizadas. Con el tiempo ese asentamiento indígena se transformaba en pueblo de indios, la capilla en iglesia, y ésta en Parroquia. El fenómeno se repite a lo largo de los siglos XVI y XVII en toda la geografía de Hispanoamérica, desde el norte de México hasta Chile y las regiones central, norte y noroeste del Río de la Plata.

15. Los cabildos como soporte de las aristocracias urbanas

Estrechamente vinculada al desarrollo de villas y ciudades hispanoamericanas se halla otra antigua institución castellana, el Concejo municipal, con sus tradicionales fueros y privilegios. Bajo el nombre de cabildo o ayuntamiento, según se tratase de una ciudad o una villa, cobrará singular importancia, y su relevante papel durará hasta el fin del dominio español [50].

La importancia de los cabildos como centros de poder local radicó en el hecho de que, a través de ellos, la élite de conquistadores y primeros pobladores pasó a ser el vínculo orgánico entre la sociedad naciente y el poder central. El historiador Vicente D. Sierra destaca este aspecto: “El cabildo no surge por imposición legal, sino como expresión natural de la personalidad política de los conquistadores”. E insiste: “no es exagerado decir que el régimen municipal fue consustancial al conquistador. Lo implantó en el Nuevo Mundo sin ley alguna que se lo ordenara” [51]. De este modo los cabildos hispanoamericanos llegaron a poseer atribuciones mucho más amplias y vitales que las de los concejos castellanos de la época, cuyo poder efectivo —que en la Edad Media había sido considerable— se hallaba ya bastante mermado por el avance del centralismo [52].

Sólo más tarde los reyes reglamentarán su constitución, pero lo harán de modo muy escueto y genérico [53]. Y con el correr del tiempo, cuando crezcan en importancia las urbes hispanoamericanas, los cabildos se transformarán en verdaderos órganos de poder definidamente aristocratizantes [54].

16. Mayorazgos, fundamento de la perdurabilidad de las estirpes patricias americanas

El mayorazgo es también una antigua y sabia institución del Derecho Nobiliario español trasplantada a América. Al contrario de lo que vulgarmente se supone, no otorgaba a su legatario —en general, el hijo varón primogénito— ni la totalidad de los bienes paternos, ni mucho menos su disposición irrestricta, sino que lo convertía en una suerte de guardián de una porción substancial del patrimonio familiar (entre un quinto y un tercio). Esta porción era también, por su calidad, la parte más apreciable de dicho patrimonio; y el objeto primordial del mayorazgo era protegerla a través de las generaciones, impidiendo su dilapidación, para dar así al linaje del fundador condiciones materiales de perdurar.

Para ello, mediante previa autorización real un jefe de estirpe podía fundar mayorazgo y vincular al mismo no sólo bienes inmuebles —propiedades rústicas y urbanas— sino también una amplia diversidad de bienes muebles, tales como joyas, armas, platería y pedrería, obras de arte (cuadros y objetos valiosos, imágenes sacras, etc.) que integraban su patrimonio. Una vez efectuadas jurídicamente, esas vinculaciones de bienes eran indivisibles e inalienables. Se trataba de una situación de derecho y patrimonial singularísima, porque su titular sucedía al fundador y no al último poseedor, cualquiera que hubiese sido el número de sucesiones intermedias [55].

En ciertos casos podían también vincularse al mayorazgo determinados títulos, honras y cargos transmisibles de padres a hijos [56]

Solían asimismo ser incluidas las llamadas capellanías, que consistían en hacer celebrar un cierto número de misas anuales por las intenciones y en las condiciones estipuladas por su fundador. Para ello se destinaba una determinada renta, en general inmobiliaria, “cuyo interés (obtenido por arrendamiento o producción) servía no sólo para el pago del número de misas anuales para lo cual fueron fundadas, sino también para el pago de una suma anual hecha al capellán” [57]. Análogo procedimiento seguían los legados píos y denominaciones afines, establecidos para el sostén perpetuo de conventos u otras instituciones de la Iglesia, obras de caridad, etc.

El origen del mayorazgo en España remonta a la baja Edad Media (siglo XIII), cuando los monarcas, deseando “honrar y ennoblecer” a vasallos que “sobresalieron en las jornadas de la Reconquista, les facultaron para fundarlos sobre sus bienes, como un privilegio conferido a sus personas y linajes. A su vez, más tarde, en el proceso de formación de la nobleza en la América española, se observa que los mayorazgos ... surgen como un medio de asegurar las fortunas familiares y de consolidar el prestigio social en las capas altas de la sociedad del Nuevo Mundo” [58].

En efecto el mayorazgo llega a América no mucho después de la Conquista: “Pasada la primera época del descubrimiento y conquista de sus territorios, los conquistadores y sus descendientes se transforman en pobladores de ciudades, encomenderos y terratenientes. El estrato superior formado por los llamados beneméritos de Indias y su posteridad, esto es, la nobleza indiana o hidalguía americana, consciente del rol correspondiente a su alto rango social, concibe también el anhelo de ilustrar sus casas y apellidos, y de allí nace la apetencia de fundar mayorazgos y alcanzar de la Corona las gracias de títulos de Castilla y de hábitos en las órdenes militares” [59].

La importancia de los mayorazgos crecerá a medida que se vaya tornando más evidente la intención real de hacer prevalecer los poderes de los funcionarios de la Corona sobre las élites locales que paulatinamente crecen en importancia y riqueza. Las clases altas americanas, con su flexibilidad y sentido de adaptación característicos, sabrán sortear muchas —no todas— de las tentativas de restringir sus poderes por parte del legalismo de la metrópoli. Por ejemplo, la élite de Nueva España se aprovechará de “la mayoría de las instituciones castellanas—tanto bajomedievales como modernas—” como “medios idóneos para, precisamente, contrarrestar la ofensiva de la normativa jurídica impuesta por el poder central, y desarrollar dentro de ella una serie de rasgos peculiares concordes con sus características económicas y peculiar estructura social” [60].

En ese sentido, “La típica institución del mayorazgo” se convirtió en medio “para conseguir la continuidad legal del linaje y de sus bienes”; permitiendo así que, ya desde el siglo XVI, pudiese desarrollarse en México “una aristocracia que, aunque en la mayoría de los casos no titulada, sí ejercía en gran parte las funciones, y detentaba poderes similares en bastantes casos, de hecho aunque no de derecho, a los de los nobles de Castilla y en los otros reinos de la Monarquía” [61].

Esto fue favorecido por la circunstancia de que, con el tiempo, el mayorazgo dejó de tener carácter de privilegio y se transformó en derecho común. Así, por ejemplo, las Leyes de Indias permitieron fundarlos a “los vecinos de las ciudades, villas o lugares de las Indias” [62] en general, y la autorización regia para establecerlos fue delegada a los representantes locales del Monarca.

El primer Marqués de San Jorge de Bogotá (Colombia), Don Jorge Maldonado de Mendoza, octavo poseedor del Mayorazgo de este nombre y su esposa, Dña. María Tadea González Manrique del Frago, por Joaquín Gutiérrez. Museo de Arte Colonial de Bogotá

En algunos países hispanoamericanos, como México y Chile, la institución del mayorazgo perduró hasta mucho después de implantado el régimen republicano. En México, por ejemplo, “el mayorazgo permitió a la aristocracia que surgió en los siglos XVI y XVII, que persistiera como nobleza hasta bien entrado el siglo XIX”. Los tres principales mayorazgos mexicanos “eran muy antiguos: los múltiples del Valle de Orizaba, el imperio Aguayo-Alamo y el principado de la familia Rincón Gallardo, Marqueses de Guadalupe. Estos, y posiblemente otros cuantos, como los de los Mariscales de Castilla y los de la familia Santiago y Salinas, sugieren que existió en Nueva España una aristocracia criolla. Esta y otras familias se enriquecieron en el siglo XVI y fueron poderosas desde entonces. Lo siguieron siendo hasta después de la Independencia” [63].

El caso más notable de esta perduración ocurrió en la Argentina, con el señorío y mayorazgo de San Sebastián de Sañogasta (La Rioja), perteneciente a la familia Brizuela y Doria. Dicho vínculo sobrevivió más de 100 años a la república (declarada en 1816), ya que sólo fue abolido por una decisión de la Corte Suprema de Justicia hacia la tercera década de este siglo [64].

17. Mayorazgos y “política matrimonial”

Los bienes mayorazgos se solían conservar y aumentar por medio de la llamada política matrimonial, que consistía en concertar casamientos mutuamente ventajosos para las familias de ambos contrayentes. Dicha práctica fue usual, por ejemplo, en México: “Las familias que dependían de un mayorazgo agrícola, frecuentemente se casaban entre sí para conservar integradas las tierras. Las familias Aguayo-Alamo, los Mariscales de Castilla y los Condes del Valle de Orizaba y las familias Santiago-Salinas se casaron entre sí, literalmente, generación tras generación” [65].

El sistema tuvo amplia difusión en toda América española. En el Río de la Plata, el segundo fundador de Buenos Aires, Don Juan de Garay, y el de Córdoba del Tucumán, Don Jerónimo Luis de Cabrera, acuerdan después de su famoso encuentro a orillas del Paraná (1573) la boda de una hija del primero, Doña María de Garay, con un hijo del segundo, Don Gonzalo Martel de Cabrera. Otra hija de Garay casará con el gobernador de Asunción, Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias; y dos hijas de este último matrimonio casarán con dos nietos de Cabrera. Alianzas endogámicas de esta naturaleza se pactan con doble propósito: unir los patrimonios de familia, y “afianzar y estabilizar los derechos adquiridos, substrayéndolos a la codicia de los jueces comisionados o gobernadores prepotentes” [66].

De este modo, una cuidadosa interacción entre Mayorazgos y casamientos hará que ilustres linajes hispanoamericanos puedan permanecer en posesión de sus patrimonios durante centurias: en algunos casos, prácticamente desde los días de la Conquista hasta después de la Independencia, cuando los gobiernos republicanos extingan aquella institución.

18. Títulos, distinciones y preeminencias en Hispanoamérica

Con el establecimiento de encomiendas, cabildos y mayorazgos, quedaban implantados en América los cimientos institucionales de una verdadera élite análoga a la nobleza, a la que se dio en llamar hidalguía o aristocracia de Indias, constituida por las familias principales de cada fundación

Las situaciones y cargos para-nobiliarios que así surgían fueron siendo refrendados por vía consuetudinaria, y en el seno de la sociedad local fue creándose espontáneamente una jerarquía de títulos propia y original.

En el primer rango de ésta sobresalen “dos títulos, que, reconocidos en España o no, en América se apreciaban grandemente: uno, el de encomenderos, con su señorío práctico de tierras y vasallos; algo un tanto semejante al viejo señorío feudal, aunque sin la vieja autonomía. Otro, el título de conquistadores, con valor militar, histórico y heroico. Estas preeminencias las compartían, hasta cierto punto, los primeros pobladores, o sea, los hombres señalados que asistían a la fundación de las nuevas ciudades y que figuraban en el acta como personas importantes. Los primeros pobladores tenían deberes militares, como los tenían también los encomenderos, y como ellos gozaban de repartimiento de indios para su servicio” [67].

No tardó en establecerse una distinción entre los propios conquistadores, en dos categorías. El renombrado cronista de la Conquista peruana, el Inca Garcilaso de la Vega, deja ver hasta qué punto en la pequeña y ruda sociedad de entonces había plena conciencia de esas distinciones y preeminencias: “Llamamos conquistador de los primeros —escribe Garcilaso— a cualquiera de los ciento y sesenta españoles que se hallaron con D. Francisco Pizarro en la prisión de Atahuallpa; y los segundos son los que entraron con D. Diego de Almagro y los que fueron con D. Pedro de Alvarado, que todos entraron casi juntos; a todos éstos dieron nombres de conquistadores del Perú, y no más, y los segundos honraban mucho a los primeros, aunque algunos fuesen de menos cantidad y menos calidad que no ellos, porque fueron primeros” [68].

El cronista Bernal Díaz refiere también cómo en México la Corona aprobó los repartimientos realizados por Cortés y, en un comienzo, refrendó muy discretamente la preeminencia que esa élite fundacional iba adquiriendo en la sociedad de la conquista: “Y mandaron —escribe— que todos los conquistadores fuésemos antepuestos y nos dieran buenas encomiendas de indios, y que nos pudiésemos asentar en los más preeminentes lugares, así en las santas iglesias como en otras partes” [69].

En el Río de la Plata se constituye una jerarquía inicial de notables compuesta por “conquistadores, que son los que se hallaron en la conquista y pacificación de la tierra, y primeros pobladores, que todos están mandados preferir en los repartimientos de los indios (...) primero los conquistadores y después los pobladores”. Al lado de esta élite figuran también los “vecinos”, término que pasa a ser sinónimo de pobladores distinguidos que también tienen indios a su servicio, así como obligación de mantener armas y caballos para defensa de la ciudad; a éstos le sigue la pequeña burguesía de artesanos y mercaderes y los labriegos [70].

A veces el título de vecino coincide con el de conquistador o primer poblador, y también con el de hidalgo. En el Cuzco, por ejemplo, refiere Garcilaso de la Vega, la condición de “vecinos” designaba a “los señores de vasallos, que tienen repartimientos de indios”; los cuales eran “todos caballeros nobles, hijosdalgo” [71].

Como se ve, las incipientes élites locales se fueron estructurando de manera consuetudinaria y orgánica, teniendo siempre a su cabeza a los “conquistadores, sus hijos legítimos, los encomenderos y los primeros pobladores de las ciudades”, quienes “componían la capa de beneméritos, dignos de respeto y honores especiales” [72]. En tiempos de Felipe II éstos ya “constituían una verdadera aristocracia, aun cuando algunos de ellos careciesen de hidalguía” [73].

Buscando estructurarse según los modelos que una lenta y secular destilación había implantado en la Península, y adaptándolos instintivamente a las circunstancias del Nuevo Mundo; llevando en sí ingentes promesas de futuro, a la vez que expuestas a riesgos mayúsculos —el proceso revolucionario ya comenzaba a minar la cristiandad de Occidente—; haciendo dar a la herencia recibida sus primeros frutos, las emergentes nobleza y élites análogas de Hispanoamérica ingresan así en el majestuoso escenario de la Historia.

E - Consolidación de las fundaciones y definición de una élite hispanoamericana

Como se ha visto [74], aunque no debe considerarse a los Reyes Católicos como exponentes típicos del absolutismo monárquico del Renacimiento, es incuestionable que con la unificación de España establecen en la práctica el Estado nacional con una autoridad claramente centralizadora, y que en sus sucesores esta tendencia toma un cariz definidamente absolutista [75].

La gesta de la evangelización y civilización de América lleva, pues, la marca de una monarquía poderosa dispuesta a expandir las fronteras de su católico imperio. La iniciativa primera parte de los propios monarcas, y el plan de la magna obra es fruto de una dirección que en todo quiere pensar y a todas las necesidades quiere acudir con diligencia. Pero la ejecución, como se ha visto, es asumida en buena parte por los súbditos; si no por los más altos, al menos por los de más fe o arrojo, más sedientos de aventura o de gloria. “Nadie ignora que la conquista y población de América se hizo con autoridad de los Reyes y a costa de particulares”, señala el P. Constantino Bayle [76].

Así, pues, para describir la realidad social que surge en el Nuevo Mundo se hace necesario considerar estas dos peculiares fuerzas, a veces aliadas y a veces contrapuestas: el dirigismo unificador de la monarquía, que en ocasiones cercena el natural desarrollo de la sociedad naciente en las Indias; y el impulso local de los que, al otro lado del Océano, buscan también afianzar un señorío particular que consideran adquirido por derecho de conquista. Es la transposición, a tierras de Indias, de la puja entre “centripetismo” regio y autonomismo feudal que había marcado la historia institucional de la Península [77].

19. Convulsiones del período organizativo — La indisposición de la Corte y oposición de los legistas

Ese juego de fuerzas caracteriza todo el período que puede llamarse organizativo, o de consolidación de las fundaciones americanas, y que corresponde grosso modo al reinado de Carlos V. Período convulsionado, en el cual las fricciones entre la nobleza y el poder real que se verifican en Europa [78] se manifestarán a su modo también en Hispanoamérica.

Es en esta época cuando la Corona opta por recompensar a los hombres de la Conquista con encomiendas en vez de señoríos; porque siendo el Continente americano “un campo... efectivamente propicio para el desarrollo del sistema señorial”, al otorgar encomiendas el Rey conseguía hacer “una cesión muchísimo más escasa de sus derechos” que si otorgase señoríos [79]. Evitaba, por ejemplo, que los indios quedasen vasallos del conquistador en vez de suyos.

Por su parte los héroes de la Conquista, buscando afirmarse como clase señorial, debieron enfrentar la indisposición de la Corte ante sus pretensiones —que ni siempre eran módicas, como lo ilustra la carta en que Francisco Pizarro reivindica para los conquistadores “tantas franquicias y preeminencias como los que ayudaron al rey Don Pelayo y a los otros reyes a ganar a España de los moros” [80].

Es difícil, sin embargo, negar el fondo de justicia de tales reivindicaciones: con sus asombrosas hazañas, esos aguerridos hidalgos iban conquistando para su Monarca territorios vastísimos, cuya propia designación evoca su carácter de reinos ultramarinos anexionados a la Corona: Castilla del Oro (Centroamérica), Nueva España, Nuevo Reino de León (norte de México), el Imperio del Perú, el Nuevo Reino de Granada, etc.

Pero en la Corte muchos veían las cosas con otros ojos. “La antigua aristocracia —comenta José Durand— no podía aceptar fácilmente ese aluvión de guerreros famosos, todos justamente pedigüeños de títulos y honores. Tampoco podía ver con buenos ojos a tantos hombres que, enriquecidos de un momento a otro, pasaban de hidalgos oscuros a caballeros altivos y, en fin, quedaba el temor de que esas hazañas, realizadas en tierras desconocidas, tuviesen mucho de farsa o exageración. Al indiano, cada vez más, se le mira con desdén, y no tarda en figurar como personaje tristemente pintoresco en el teatro de la época” [81].

Por otro lado, habían llegado a la corte las relaciones del controvertido fray Bartolomé de Las Casas, el pionero de la leyenda negra antiespañola, quien pintaba un cuadro con ribetes dantescos de la crueldad sin entrañas con que, según aseguraba, procedían la absoluta generalidad de los conquistadores y encomenderos con relación a los indígenas.

Hoy en día existe suficiente evidencia de que el famoso libelo de Las Casas, “Brevísima relación de la destrucción de Indias”, no pasaba de un elenco de falsedades delirantes, ya cabalmente rebatido por la ciencia histórica; y el propio autor llega a ser considerado por especialistas de la psiquiatría como un psicópata [82]. Pero en ese entonces Las Casas contaba con fuertes apoyos en la Corte, y sus alucinadas críticas no sólo impresionaron profundamente un ambiente ya indispuesto en relación a los conquistadores, sino que tuvieron, para el desarrollo de la nobleza hispanoamericana, consecuencias concretas de la mayor importancia.

20. Encomiendas en jaque: Las “Nuevas Leyes” y sus secuelas

De hecho la Corona estaba obligada a proteger a sus nuevos súbditos aborígenes contra atropellos y abusos que realmente sufrían —por excepción y no por regla— a manos de españoles sin escrúpulos. Pero la regulación de esas medidas protectoras fue influenciada a fondo por eclesiásticos humanistas, alineados a Las Casas en su apasionada condenación de la élite de Indias, así como por ciertos legistas, contrarios a la existencia de una aristocracia territorial poderosa [83].

Inicialmente, la Corona concedió pocos títulos nobiliarios y privilegios de hidalguía en las Indias. Sin embargo, la real preeminencia sociopolítica y económica de los primeros conquistadores y pobladores, así como la concesión de encomiendas —verdaderos feudos en la práctica— acabó dando origen a una nueva nobleza indiana. El primer título de Castilla fue otorgado por Carlos V a Hernán Cortés, elevado a Marqués del Valle de Oaxaca, en 1529. Después, el tercer Almirante de Indias, Luis de Colón, nieto del Descubridor, recibió los títulos de Duque de Veragua y Marqués de Jamaica (1536). A Francisco Pizarro se le creó Marqués (1537), sin denominación específica, pero sus herederos recibieron el título de Marqueses de la Conquista. Al lado, el escudo de Pizarro. Abajo, la estatua que le recuerda en su Trujillo natal (Cáceres) y al fondo el palacio que mandó construir.